El abogado de oficio le pidió a mi hijo que se declarara culpable siendo inocente- recuerda María Luisa Montoya García, al contar su experiencia con los defensores públicos en México. La mujer lleva tres años de activismo, por la libertad de Carlos Alberto Estrada Montoya, un joven albañil acusado de homicidio.
“El abogado me dijo: señora, su hijo está por homicidio, es mejor que se declare culpable y son 20 años de prisión. Fue mucha mi molestia que le dije: sabe qué, declárese culpable usted y cumpla una condena de 20 años de prisión siendo usted inocente. Y me dijo: qué van a hacer entonces y le dije: nos vamos a juicio y hasta donde tope esto, pero mi hijo no se va a declarar culpable”, relató.
Ni el sueldo de su esposo como albañil ni el de ella, como trabajadora doméstica, le alcanzó a la familia para pagar un buen abogado particular, y durante todo el proceso, Carlos Alberto Estada fue representado por un defensor público del Estado de México.
Tras un juicio, que duró solo ocho meses, recibió una sentencia de 47 años de prisión, aun cuando nunca presentó algún arma, objeto o videograbación para comprobar su participación en el crimen.
Datos obtenidos a partir de 32 solicitudes de información, arrojan que el año pasado, a nivel nacional, el 82 por ciento de las personas sentenciadas, representadas por un abogado de las Defensorías Públicas de los estados, fueron condenadas y solo el 18 por ciento, absueltas.
Hay entidades que superan la media nacional como: Nayarit, Querétaro, Baja California, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Chihuahua, Sinaloa, Baja California Sur, Estado de México, Yucatán, Coahuila y Nuevo León.
Incluso, en Nayarit solo una persona, defendida por un abogado de oficio, fue absuelta durante todo el 2022, según la información que proporcionó el Instituto de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídica del estado.
Contrario a ello, Tlaxcala, Morelos y Tabasco, son las únicas entidades que reportan mayor número de personas absueltas que condenadas.
La trampa del procedimiento abreviado
Los estados, entre ellos Baja California, justifican que el alto índice de sentencias condenatorias, en comparación con las absolutorias, se debe a que en muchos casos, la persona acusada decide tomar un procedimiento abreviado.
Fabiola Vite Torres, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, explicó que el procedimiento abreviado, consiste en aceptar la culpabilidad de un delito para acceder a beneficios, como la reducción de condena.
Al desconocer sus derechos, muchas personas lo aceptan sin saber a detalle, las implicaciones, entre ellas que ya no tendrán oportunidad de ofrecer pruebas para demostrar su inocencia.
Para Vite Torres, el uso indebido del procedimiento abreviado se ha convertido en una mala práctica, que muchos defensores públicos emplean -aunque la persona que representen sea inocente- con el propósito de agilizar los juicios, concluir pronto los casos y disminuir la carga de trabajo.
“ No creo que sea una práctica muy responsable, al menos que la persona haya sido culpable de un delito y la reducción de la pena realmente le convenga”, dijo.
Fabiola Vite consideró que el fondo del problema es que no se hace una buena aplicación del sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, que busca que solo los delitos graves lleguen a un juicio.
“Actualmente, existen alternativas para demostrar la inocencia de una persona, antes de iniciar el juicio oral, incluso desde el control de detenciones. Por ejemplo, en un robo con violencia, debería optarse por salidas alternativas, como una suspensión condicional”, explicó.
Los abogados públicos entran a las audiencias, firman y se van
Amalia Rocha López es esposa de un hombre que desde hace 14 años se encuentra privado de la libertad en el Estado de México.
Ella recuerda que cuando acudía a las audiencias de su marido, en los juzgados del municipio de Texcoco, se daba cuenta que el defensor que llevaba el caso, a veces no se presentaba, y en otras ocasiones nada más entraba a la audiencia, firmaba, se salía y después regresaba.
Tanto María Luisa Montoya como Amalia Rocha creen que debido a la excesiva carga de trabajo de los abogados, sus familiares no tuvieron una defensa adecuada y fueron condenados.
En la entidad mexiquense, donde ellos fueron juzgados, los defensores públicos atienden un promedio de 54 casos, y en otros estados la cantidad de asuntos que representan es aún mayor.
En Baja California, en promedio, cada defensor adscrito al Área Penal cuenta con una carga de trabajo de 500 asuntos de manera individual, mientras que los abogados de oficio en Guerrero representan hasta 564 personas.
Estas cifras fueron obtenidas mediante solicitudes de información que se presentaron a cada entidad federativa.
Algunos abogados, consultados para esta investigación, consideraron que dicha cantidad es excesiva. Lo ideal es que llevarán un promedio de entre diez y quince casos únicamente.
Una mala defensa
El artículo 20 de la Constitución establece que toda persona imputada tiene derecho a una defensa adecuada, pero pocos defensores públicos lo cumplen, según el testimonio de las familias entrevistadas.
Regularmente, usan solo las pruebas que el Ministerio Público presenta y no hacen el intento de buscar más evidencias, testigos, desahogar más peritajes para defender la inocencia de sus representados, observó Vite Torres.
- Abogados de oficio se niegan a emplear Protocolo de Estambul en casos de tortura
Amalia Rocha López prefiere que el nombre de su esposo se mantenga en el anonimato. Él es un transportista de 55 años, que también se dedicaba a rentar sillas y brincolines, cuando en el año 2009 fue detenido acusado de robo a casa habitación, entre otros delitos.
Cuando ingresó al penal, presentaba golpes en las costillas, en las piernas y en la espalda -dice Amalia- y para acreditar la tortura pidió que se aplicará el Protocolo de Estambul, pero su defensora se negó a solicitarlo.
“Me comentó que no le iba a servir a mi esposo de nada, que nada más iba a entorpecer y quitar tiempo, lo mismo le dijo a él, lo convenció e hizo que se desistiera de la prueba”, platicó.
Otra licenciada también se negó a tramitar la amnistía para su marido, a pesar de que cuenta con el pronunciamiento de un organismo de Derechos Humanos donde se confirma que sufrió violaciones al debido proceso.
“Hay licenciados que no están al día. Cuando voy y le comento que quería que mi esposo tuviera la amnistía, la licenciada dijo: que eso no existía”, reprochó.
El esposo de Amalia tardó ocho años para recibir una sentencia, y aunque fue condenado a 70 años de prisión, se reabrió su caso al acreditarse que el proceso presentaba irregularidades.
A la fecha, dijo, ha tenido 13 abogados de oficio diferentes, que lo han defendido entre seis y ocho meses, y sin previo aviso dejan el caso.
Ella asegura que los abogados que ha tenido su esposo no lo han ido a visitar al penal para asesorar, ni siquiera reciben sus llamadas telefónicas, aun cuando reciben un pago por sus servicios.
El sueldo mensual bruto de los defensores públicos varía en cada estado, el mínimo es de tres mil 836 en Veracruz y el máximo supera los 67 mil pesos en entidades como Guanajuato y Nuevo León.
Además, en varios estados se les da apoyo económico, compensaciones, gratificaciones, estímulos por productividad o de puntualidad, incentivos, bonos, despensas o vales, tal es el caso de Chiapas, Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Hidalgo, Zacatecas, Chihuahua, Yucatán, Tamaulipas, Sonora, Quintana Roo y Puebla.
Miles de personas están en manos de defensores públicos
Los datos recabados a través de las solicitudes de información permiten conocer que hasta el primer bimestre de este año, aproximadamente 300 mil personas eran representadas por abogados de las Defensorías Públicas de las entidades federativas.
Son ciudadanos, en su mayoría en condiciones de pobreza, que al no contar con un abogado se les asignó uno gratuito, como lo marca la ley.
Por ello, Fabiola Vite consideró necesario aumentar la cantidad de defensores públicos que puedan servir a estas personas con pocas posibilidades de acceder a una buena defensa.