De mil 312 carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por el delito de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (TPCID) en 2022, solamente una fue judicializada.
Así lo revela el “Informe de hallazgos 2022” del Observatorio contra la Tortura, que diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron este martes.
En el documento, se advierte que el bajo porcentaje de judicialización –que en la entidad mexiquense es de 0.08 por ciento- significa que los casos se acumulan en las fiscalías.
Y eso depende de distintos factores, que no tienen que ver con la carga de trabajo, sino con la calidad de las investigaciones, las capacidades técnicas o factores políticos.
Otro de los hallazgos que se observan en el estado de México, es que, en 2022 se registraron mil 933 víctimas de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, pero solo 58 tuvieron acceso a un peritaje oficial para documentar la tortura.
Se advierte que el sistema de justicia sigue considerando a los dictámenes o peritajes médico-psicológicos conforme al Protocolo de Estambul como la prueba principal para acreditar la tortura.
Eso a pesar de que existen otras pruebas relevantes como los testimonios de las víctimas, las certificaciones médicas.
Asi como los peritajes de mecánica de lesiones y mecánica de hechos o las entrevistas a testigos.
Por lo tanto, a nivel nacional, el equivalente al 81% de las víctimas de tortura y/o malos tratos no tuvieron acceso a peritajes médico-psicológicos.
Además, se concluye: baja disponibilidad de peritos oficiales y falta de imparcialidad de los peritajes.
Lo que provoca que las posibilidades de que las víctimas de tortura puedan comprobar haber sido víctimas de tortura sean extraordinariamente bajas.
Más hallazgos…
La tortura -sugiere el documento- sigue empleándose como método de investigación de delitos.
El porcentaje de casos que se investigan por denuncia de las víctimas es muy bajo, de apenas el 7,8 por ciento.
Ésto puede deberse a varios factores, tales como el miedo a denunciar, la desconfianza en las instituciones de justicia, el desconocimiento de los recursos legales y su funcionamiento, por el impacto de la tortura en la víctima o la falta de recursos.
El “Observatorio contra la Tortura”, fue creado por Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez;
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
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En el estado de México se fabrican delitos, se tortura por eso muchos injustamente están en la carse pagando por delitos que no cometieron