El 30 de julio de 2018 falleció, al interior de la Clínica de Rehabilitación “Grupo Generación
Nezahualcóyotl”, conocidos como “anexos”, ubicada en el Estado de México, Luis Ángel Manzo, a consecuencia de una neumonía fulminante tras ser sometido a una práctica común dentro de esos centros informales de tratamiento de adicciones: mojar con agua fría a los recién “ingresados”.
Esta investigación fue realizada en el marco del proyecto “Periodistas contra la Tortura” con el acompañamiento de Documenta.
Por Erick Baena Crespo
La distancia entre la Ciudad de México y Nueva York es de 4 mil 321 kilómetros. A lo largo de dos décadas, José Luis Manzo, de 50 años, originario de Los Reyes, La Paz, Estado de México, recorrió esa distancia una veintena de veces, lo que equivale a dos vueltas al mundo.
José Luis, carpintero que trabaja en la industria de la construcción, emigró a Nueva York en julio de 1998, unos meses después del nacimiento de Luis Ángel Manzo Irineo, su segundo hijo. El plan, como el de millones de migrantes mexicanos, era sencillo: irse a “al otro lado”, trabajar, ahorrar, enviar dinero y volver a su país.
En el 2000 regresó a México, pero sólo para confirmar que la distancia, el tiempo y su ausencia habían erosionado la relación con Ángela, la madre de sus hijos. Se separó de ella y volvió a los Estados Unidos. Allí conoció a su actual esposa y obtuvo la nacionalidad.
Desde entonces, una vez al año, visitaba a sus hijos, “sus muchachos”, como él los llama, para pasar las vacaciones decembrinas con ellos. Llegaba con cuatro maletas a cuestas y muchos obsequios bajo el brazo.
A lo largo de dos décadas, José Luis tomó una treintena de vuelos. Ante sus ojos, en los últimos años, el espejo verde del Lago de Texcoco fue desapareciendo para mostrar la silueta en forma de “X” del fallido Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM).
Nunca había atravesado el cielo de su país en días nublados. Hasta aquella mañana trágica, cuando recibió una noticia devastadora.
El 30 de julio de 2018, a las 7:00 a.m., le avisaron que Luis Ángel, su hijo de apenas 20 años, “su muchacho”, había fallecido al interior del anexo “Grupo Generación Nezahualcóyotl”, ubicado en la cerrada 2 de abril, colonia los Reyes Acaquilpan, a unas cuadras del domicilio de la familia. La causa: una neumonía bilateral, según la versión oficial.
Una bolsa de aire se instaló en su estómago, acompañada de náuseas y una furia seca que le escocía los labios.
Compró el primer asiento disponible que encontró en un vuelo sin escalas y viajó apenas con 40 dólares en su cuenta bancaria.
Esta vez no había itinerario ni cuatro maletas.
Esta vez sólo había desconcierto, rabia y una profunda tristeza.
Antes de aterrizar, ante sus ojos húmedos, enrojecidos, desfiló un cielo nublado, con visos de tormenta.
Acumulaba veinte años de desplazamientos entre un país y otro, entre un idioma y otro, entre una familia y otra.
En 1998, José Luis se despidió de Luis Ángel, en su primer viaje de ida a los Estados Unidos. A ese bebé de nueve meses de edad le prometió que, a pesar de la distancia, velaría por él.
En 2018, José Luis se despidió de Luis Ángel, en su inesperado viaje de vuelta a México. A ese joven, cuyo semblante apacible lo interpelaba detrás del cristal de un ataúd, le prometió que, a pesar de la distancia, buscaría justicia.
El dolor de una partida. y una promesa inconclusa.
Cinco años después, José Luis ha cruzado la frontera, con el propósito de exigir justicia por la muerte de su hijo, en tantas ocasiones que ha completado, una vez más, otra vuelta al mundo.
***
José Luis llegó a Los Reyes, La Paz, en el momento en que velaban el cuerpo de su hijo en la casa de su madre, fallecida hace algunos años, ubicada en la colonia Carlos Hank González.
En el aire flotaba el olor a flores frescas y café quemado. En el centro de la sala, bajo luces mortecinas, descansaba el ataúd con el cuerpo de Luis Ángel. José Luis se acercó al féretro, como si se asomara a un abismo, y encontró detrás del cristal el rostro inmutable de su “muchacho”. En torno a él, además de sus familiares, se congregaron ancianas, mujeres y hombres; una multitud de personas desconocidas. Los niños, ajenos a la muerte, cansados y aburridos, gritaban; las madres los silenciaban con amenazas.
Ese contraste entre la vida y la muerte, esas imágenes que le parecían absurdas, hizo estallar a José Luis: “Los padres no deberían enterrar a sus hijos”, pensó.
La rabia lo invadió hasta secarle la boca.
José Luis, impulsado por una ira que se transformó en desesperación, se acercó a su hermano Alejandro.
–Préstame las llaves de tu camioneta, por favor.
Alejandro, un hombre enjuto, de voz apagada, respondió:
–¿Ahorita?
–¡Sí! No puedo quedarme así, tengo que averiguar lo que pasó, entrar al anexo.
–Te acompaño, mano, cómo crees que vas a ir solo.
A la camioneta subieron José Luis, Alejandro, Alicia, su hermana mayor, y Concepción, su cuñada. José Luis ocupó el asiento del copiloto y observó cómo el cerro que se dibujaba en el horizonte había sido devorado por la mancha urbana. En su infancia ese lugar fue un lote baldío hostil, lleno de jaurías de perros, además de basurero clandestino.
Llegaron al anexo, ubicado en una cerrada, tras conducir sobre una ruta laberíntica que parecía conducirlos al final de un túnel. Era una vivienda de dos plantas, habilitada como centro de rehabilitación.
José Luis tocó la puerta y, ante él, apareció un joven malencarado:
–Hola. Soy el papá del joven que falleció aquí. ¿Puedo pasar? –se presentó José Luis.
–Déjame hablarle al encargado –le respondió y entrecerró la puerta.
José Luis, de todas formas, se abrió paso. Un grupo de personas, trabajadores del anexo, se acercó a él y trató de intimidarlo, diciéndole que estaban amparados, que las autoridades no podían hacerles nada.
Entonces apareció Daniel Sánchez Martínez, quien se presentó como el encargado del anexo. José Luis le solicitó que le mostrara el lugar exacto en el que había muerto su “muchacho”. Daniel le respondió que Luis Ángel había fallecido en uno de los cuartos de arriba. José Luis subió, custodiado por Daniel y dos hombres más. Alejandro, Concepción y Alicia lo esperaron en la planta baja.
Mientras subían las escaleras, otro hombre, que en ese momento descendía, lo empujó con el hombro.
–Oye, ¿qué te pasa? Me vuelves a aventar y yo sí te voy a reventar, compa –le advirtió José Luis.
Sánchez Martínez calmó a sus hombres y, nervioso, le explicó a José Luis que ayudaron a Luis Ángel a bañarse. Y agregó que, incluso, horas antes de morir les pidió un vaso de refresco y se lo tomó.
En la segunda planta, los ambientes estaban en penumbras. José Luis le cuestionó:
–¿Muéstrame en dónde lo bañaste?
Sánchez Martínez señaló un cuarto pequeño, sucio y mohoso, en el que había una regadera y una taza de baño. José Luis abrió una llave de la regadera, luego otra, y le dijo:
–¡Está fría!
–Es que apagamos el boiler –se excusó Daniel.
Una voz, que subió por las escaleras y llegó a oídos de José Luis, repetía: “¡Se la van a pelar, jefe! Estamos amparados”.
La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. José Luis bajó las escaleras y le dijo a sus familiares: “Vámonos”.
Una vez afuera se percató que, en la fachada, debajo del nombre y el logo amarillo de Alcohólicos Anónimos se leía: “Servicios gratuitos. Estancia voluntaria. Respeto a la integridad humana”.
El colmo de la ironía, pensó.
Y se fue como llegó: en medio de un silencio tan estruendoso que inundó la cabina de la camioneta, pero con la certeza de que su hijo no había fallecido de causas naturales.
***
En ese momento empezó la travesía de José Luis, quien retrasó dos semanas su regreso a los Estados Unidos. El 31 de julio enterró a su hijo y, al día siguiente, a las 8:00 a.m. se presentó en las instalaciones del Centro de Justicia La Paz, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Y ahí exigió una copia de la carpeta de investigación (NEZ/NEZ/REY/053/156662/1807) –signada por Arturo Benavides Mejía, agente del Ministerio Público de Los Reyes, La Paz–, que se abrió por el probable delito de homicidio. Al principio, los funcionarios se negaron a entregársela y lo responsabilizaron de la muerte de su hijo, “por abandonarlo para cumplir el sueño americano”. Lo refirieron con el comandante Alarcón, policía ministerial, quien le preguntó si tenía copias de los envíos de dinero que realizó a su familia durante los últimos años, para comprobar que, en efecto, se hacía cargo de la manutención de sus hijos.
José Luis les respondió que sí, que eso lo podía comprobar sin problemas. Al final, tras una férrea insistencia, le facilitaron una copia de la averiguación.
Alarcón le dijo: “Vi cosas extrañas en el anexo, así que vamos a ir mañana, para continuar con las diligencias, si quieres ahí te veo”. Citó a José Luis a las 2:00 p.m. y le pasó su número de celular. José Luis supuso que Alarcón quería extorsionarlo para “acelerar” la investigación, así que alcanzó a decirle: “No tengo dinero”. Alarcón no respondió nada y sólo agregó: “¡Allá te veo!”.
Al otro día, José Luis acudió a las instalaciones del anexo, esperó afuera y Alarcón nunca llegó. Entonces aprovechó para tocar la puerta y exigirles, a los encargados, las cosas de Luis Ángel.
Un joven le entregó una bolsa abultada con una camiseta, pantalones, ropa interior, calcetines y un par de tenis. José Luis, que no quería permanecer más tiempo ahí, arrojó la bolsa en el asiento del copiloto de la camioneta y se fue a la casa de su mamá.
Al llegar, le pidió a Javier, otro de sus hermanos, quien trabajó en la policía municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, que revisara las cosas.
–Ahorita no tengo cabeza para nada –se justificó José Luis.
Javier se colocó unos guantes y abrió la bolsa. Alarmado, le dijo:
–¡No manches! La ropa está mojada.
Daniel Manzo, hijo mayor de José Luis, y Alejandro se acercaron a examinar las prendas y le confirmaron a José Luis que ésa era la ropa que Luis Ángel traía el día de su ingreso.
Daniel recordó que, el día que falleció su hermano, una persona se acercó a la familia Manzo [misma que les pidió resguardar su nombre, por temor a represalias] y les informó que Luis Ángel, al ser internado, fue sometido a una práctica generalizada en este tipo de centros, que consiste en bañar a las personas con agua fría y luego dejarlos a la intemperie.
José Luis supo, entonces, que su hijo fue sometido a tortura y maltrato por parte de los “padrinos” del anexo: Daniel Sánchez Martínez y Bulmaro Meza Girón.
José Luis se preguntó por qué los peritos no habían resguardado la ropa como elemento de prueba. El hecho de que las prendas mojadas de Luis Ángel estuviesen en el anexo confirmaba un error en la cadena de custodia.
De acuerdo con el numeral 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 25, fracción XX, de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, todo servidor público (fiscal, policía y peritos) deben de tener el cuidado necesario en todo momento, en cuanto al resguardo de la cadena de custodia, debido a que cualquier “contaminación” de los indicios de la escena del crimen altera de forma significativa el resultado de un proceso penal y, de ese modo, condenar o absolver al presunto responsable.
José Luis se presentó en el Centro de Justicia y les explicó que el personal del anexo le acababa de entregar la ropa húmeda de su hijo. Con cinismo, un funcionario le indicó que la entregara al comandante Alarcón, para que la pusiera en custodia.
Alarcón lo recibió. José Luis le reclamó por dejarlo plantado afuera del anexo, Alarcón se excusó, alegando que tuvo que ir a comer. José Luis cambió de tema y le mostró la ropa de Luis Ángel.
–Mira lo que me entregaron… Y está toda mojada, ¿no se te hace raro?
Alarcón, impaciente, sin responder a su pregunta, le dijo:
–¡Dámela, pues! O dime… ¿Qué quieres dejar?
José Luis, sorprendido, le espetó:
–¡Todo! Es evidencia. ¡Tú te tienes que encargar de esto, es tu trabajo!
Alarcón le pidió a otro funcionario que recibiera la ropa, hiciera una relación y la resguardara. Y luego, molesto, le soltó a José Luis:
–¿Ya viste los resultados de la autopsia? A tu hijo no lo mataron ni lo asfixiaron con una almohada…
–Sí, ya sé, le dio una neumonía, pero ahí está la ropa mojada, ahí tienes otra línea de investigación, ¿no?
Alarcón no supo qué responder. Y así concluyó el trámite, entre incomodidad y silencio.
Antes de salir del Centro de Justicia, José Luis se acercó al agente del ministerio público, Benavides Mejía, a quien le dijo: “No te preocupes, tú no te mandas sólo. Hay uno arriba de ti, luego otro, después el gobernador y, más allá, el presidente. Y si aún así nadie me atiende, están las instancias internacionales”.
Con ello dio inició su periplo burocrático transfronterizo: en ambos países, desde entonces, ha buscado la justicia a través de oficios, cartas y peticiones oficiales a diversas instancias.
Ha solicitado el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), el Consulado General de México en Nueva York, el Gobierno federal y hasta la Casa Blanca.
Entre 2018 y 2022, la CEAVEM le asignó tres asesores jurídicos que, a juicio de José Luis, no han hecho nada por su caso.
En respuesta ha obtenido acuses de recibo e intercambios de oficios entre las dependencias que suman una decena de archivos PDF.
José Luis tiene la certeza de que, los propietarios del anexo, no han sido investigados porque gozan de protección desde el poder.
Y las pruebas de sus dichos las encontró en el “lugar” menos esperado: Facebook.
***
El 2 de agosto de 2018 la carpeta de investigación (NEZ/NEZ/REY/053/156662/1807) fue remitida al agente del ministerio público adscrito a la Mesa Dos, Germán Luna Barrón. El 7 de septiembre, a través del oficio 308618, Luna Barrón le solicitó a la Coordinación General de la Policía de Investigación de Los Reyes, La Paz, que designara personal para continuar con las indagatorias.
El 20 de agosto de 2018, el policía de investigación, José Salomón García Estrada, en un reporte policial, en respuesta a la petición de Luna Barrón, señaló que el responsable del anexo era Bulmaro Meza Girón. García Estrada, como parte de las indagatorias, realizó una “inspección” en el anexo y se entrevistó con Meza Girón, quien le dijo que, al momento del ingreso de Luis Ángel, él le recomendó a la familia Manzo llevarlo mejor a un hospital, debido a su grado de desnutrición. Esa afirmación se contradice con los testimonios de la madre y el hermano de Luis Ángel, contenidos en la carpeta de investigación. De acuerdo con ellos, el sábado 28 de julio, un día después de su ingreso, Ángela y Daniel Manzo se presentaron en el anexo, para llevarle artículos de higiene personal a Luis Ángel.
Daniel Sánchez Martínez los recibió en la puerta.
–¿Cómo está mi hijo? –preguntó Ángela.
–Anda medio inquieto. Se quiere ir –respondió Sánchez Martínez.
Ángela y Daniel Manzo se miraron extrañados. Ángela le dijo:
–Mejor me lo llevo.
En ese momento, Meza Girón, al escucharlos, se asomó y les dijo, tajante:
–No, señora, su hijo tiene que estar aquí mínimo un mes y medio. Regresen en 15 días.
Esa y otras inconsistencias son patentes a lo largo de las más de 500 fojas que componen el expediente, a cuya copia tuve acceso como reportero.
Por ejemplo:
El 1 de octubre de 2018, Meza Girón recibió un oficio, firmado por Luna Barrón, para que “proporcione la documentación actual que acredite su legal funcionamiento”, así como una hoja de registro de las personas que se encontraban en el anexo entre el 29 y el 30 de julio de 2018.
Meza Girón no atendió la petición del ministerio público, por lo que el 3 de enero de 2019, Luna Barrón emitió un recordatorio solicitando la misma información. En esta ocasión, el mismo Meza Girón acusó de recibido el 5 de enero, como lo constata su firma al calce.
Daniel y Alejandro Manzo, en el proceso de la investigación, se encontraron con Meza Girón más de una vez a las afueras del Centro de Justicia. Daniel, incluso, cuenta que un día Meza Girón se acercó a él para intimidarlo. Le dijo, con cinismo: “Ya no hagan nada. De todas formas, tarde o temprano, tu hermano se iba a morir”.
La familia Manzo Irineo desconocía, al momento de la muerte de Luis Ángel, la faceta política de Meza Girón, que lo liga a un grupo de poder.
De acuerdo con las planillas de candidatos a integrantes de Ayuntamientos del Estado de México, para el Periodo Constitucional 2019–2021, en las elecciones de 2018 Meza Girón fue candidato a la regiduría 7, del ayuntamiento de Los Reyes, La Paz, por el partido Nueva Alianza (NA).
Meza Girón perdió frente a los candidatos de la coalición formada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES). No obstante, a pesar de la derrota –que José Luis interpreta como un inobjetable cálculo político–, obtuvo un puesto en la Comisión de Salud de la tercera regiduría.
Un conflicto político desnudó los supuestos nexos entre Meza Girón y la senadora con licencia, Martha Guerrero Sánchez, actual presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de México.
El 15 de agosto de 2019, la entonces alcaldesa morenista de Los Reyes, La Paz, Olga Medina Serrano, suspendió el pago de salarios a 18 empleados municipales de la primera y tercera regiduría, entre ellos Meza Girón.
Después de que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) se negara a resolver el conflicto, Juana Oropeza García, primera regidora, y Alma Janeth Ramírez Hernández, recurrieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en demanda de la protección de sus derechos político–electorales.
El TEPJF, a través del juicio ST/JDC/170/2019, ordenó a la alcaldesa resolver la situación jurídica de los empleados con pagos suspendidos. En dicha sentencia se lee el nombre de Meza Girón, al que se enlista entre los funcionarios adscritos a la tercera regiduría.
El reportero Juan Lazaro, en una nota publicada al respecto en el portal La Silla Rota, refiere que la raíz del conflicto se debe a que los 18 empleados municipales, entre ellos Meza Girón, son “simpatizantes de la senadora Martha Guerrero Sánchez, del grupo de Acción Política (GAP), mientras que la alcaldesa [Medina Serrano] es parte del grupo político interno de Morena, conocidas como ‘Los Puros’”.
Meza Girón, no obstante esas pruebas, falseó datos en su declaración, como consta en la carpeta. El 11 de julio de 2019 se presentó a testificar por el caso de Luis Ángel. Le tomaron su declaración en calidad de “testigo de los hechos”, a pesar de que en su declaración sostuvo que fungía como “Coordinador” del Grupo Generación Nezahualcóyotl. En el apartado de ocupación se nombró como “gestor” y no proporcionó lugar de trabajo, a pesar de que, para esas fechas, trabajaba en el ayuntamiento.
José Luis encontró en Facebook un video en el que Guerrero Sánchez, en su calidad de senadora, acompañada de Meza Girón, inaugura unas oficinas de Morena en Los Reyes, La Paz. En la grabación se aprecia a ambos cortando un listón rojo. También encontró una fotografía, de ese mismo día [se infiere por la vestimenta], en la que Guerrero Sánchez se retrató con un grupo de personas, entre ellas Meza Girón, quien aparece a espaldas de la legisladora.
La familia Manzo Irineo sostiene que Meza Girón y los empleados del anexo gozan de impunidad porque son operadores políticos de Morena en la zona.
***
En un giro extraño de las indagatorias, el agente del ministerio público integró a la carpeta de investigación notas de evolución médica sobre Luis Ángel, elaboradas por el personal sanitario del Hospital General Regional La Perla, que datan de agosto de 2012, cuando él tenía 14 años de edad. En esa ocasión, Luis Ángel fue internado por desnutrición crónica y consumo de solventes.
Integrar ese documento a la indagatoria fue una forma de instaurar una narrativa que estigmatiza a Luis Ángel como usuario de drogas y culpa a la familia de su muerte. Los documentos –confiesa José Luis– los filtró una de sus hermanas, con quien la familia está enemistada.
Luis Ángel vivió con ella unos meses, así que esa información estaba en su poder y ella la proporcionó a los encargados del anexo –acusa José Luis–, para tratar de eximirlos de responsabilidad.
En el documento “Recomendaciones para entrevistar a personas usuarias de drogas privadas de la libertad”, elaborado y difundido por Documenta, organización civil que trabaja en la consolidación de un sistema de prevención de la tortura en México, explican que existe un fuerte estigma asociado al consumo de drogas, que provoca que las personas usuarias sean rechazadas por la sociedad, al percibirlos como criminales, asociales o moralmente débiles, lo que justifica el castigo o sometimiento. De estos estigmas se alimenta el proceder y narrativa de los anexos. “Esta concepción suele estar tan arraigada en el imaginario social que las y los propios usuarios normalizan los actos de violencia que les son infligidos, al asumir que los merecen como consecuencia de su conducta”, se lee en la referida publicación.
El caso de Luis Ángel ilustra el fracaso de la política de prevención y tratamiento del abuso de sustancias. La prohibición, señalan diversos especialistas, ha fracasado, lo que derivó en el fortalecimiento del crimen organizado y en la proliferación de cientos de miles de centros de rehabilitación, o anexos, que operan al margen, o en el limbo, de la ley.
Los datos sustentan dichas afirmaciones:
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA, 2011) y la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT, 2016), el porcentaje del consumo “alguna vez en la vida” se incrementó 3% en la población general a nivel nacional (48% y 51% respectivamente).
En ocasiones, el usuario de drogas es el eslabón más débil de la cadena de producción, distribución y consumo de drogas. La industria alrededor del consumidor, incluido los centros de rehabilitación, lucran con un problema que tratan de abordar a nivel individual, cuando en realidad se trata de un problema de salud pública.
Sus derechos son vulnerados a partir de los estigmas que se construyen alrededor de ellos. Los familiares –como José Luis– se encuentran en una posición vulnerable, debido a la falta de información sobre tratamientos eficaces.
Esa narrativa es fruto de una política punitivista contra las drogas que data de los años sesenta, señala Ángel Salvador Ferrer, coordinador del Programa de Prevención de la Tortura de Documenta.
“Eso alimentó la idea de que el usuario de drogas es una persona sin control de sus impulsos, por lo que el Estado y la sociedad, acompañaron la demanda de que al adicto se le rehabilitara de cualquier forma o se le apartara socialmente”, sostiene.
A eso hay que agregar que el tema de las adicciones en México se ha abordado desde dos ópticas predominantes: la sanitaria y la jurídica.
“A partir de la primera y lejos de considerarlas como un problema de salud pública, se les aborda como una enfermedad y se ejecutan para su resolución estrategias asistenciales basadas en dos intervenciones fundamentales: tratamiento y rehabilitación”, escribieron Félix Aranday Cortés y Enrique Mendoza Cabrera, en su artículo “Adicciones: fenómeno paradigmático en salud y transgresión a los derechos humanos”, publicado en la revista Dfensor, en diciembre de 2012, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Esa visión sanitaria de las adicciones alimentó la cultura de los anexos; es decir, la concepción de la persona con consumo problemático como un “enfermo” al que hay que “curar”.
En dicho artículo, Aranday Cortés y Mendoza Cabrera refieren que antes de la era de la microbiología a los enfermos se les clasificaba con base en la “corporalidad del mal”, lo que originó tratamientos crueles e inhumanos, como los baños con orina de burro.
“El fracaso de estas intervenciones favoreció el desarrollo de leyes severísimas, con alto contenido moral, que propiciaron el aislamiento, posteriormente la segregación de los leprosos de la vida social y, finalmente, la conversión en sujetos de repudio y discriminación”, detallan.
Los leprosarios, antecedentes directos de los “anexos”, se convirtieron en métodos de control sanitario y social.
El canal de Youtube, “Cayaco Anexo al Extremo AA”, que cuenta con más 29 mil 300 seguidores y 203 videos publicados, es un ejemplo de la naturalización de prácticas violentas y vejatorias, incluida la privación de la libertad, a personas con problemas de consumo de sustancias, quienes –además– son vulnerados en su derecho a la imagen.
Los anexos segregan y apartan a las personas de su núcleo familiar. Ese es su modus operandi. De ahí que los centros de rehabilitación deshumanicen al sujeto y lo ilegal se torna legal: privación de la libertad, sometimiento, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Salvador Ferrer agrega que la privación de la libertad que practican en estos centros, a través de la figura de tratamientos residenciales obligatorios, se sustenta en un vacío legal que retrata la negligencia de las autoridades. Sin mandato legal, argumenta, ningún ciudadano puede ser privado de su libertad.
En ese sentido, la Norma Oficial Mexicana NOM–028–SSA2–2009, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, de observancia obligatoria, contiene los lineamientos bajo los que –en teoría– debe de operar una clínica de tratamiento de adicciones, sea ambulatoria o residencial. La NOM028 denomina a los anexos como grupos de ayuda mutua. El numeral 5.2, del apartado de “Generalidades”, estipula que los establecimientos especializados en adicciones que cuenten con atención residencial deben de establecer una relación con el usuario basada en el respeto a sus derechos civiles y humanos.
En el caso de Luis Ángel, el anexo “Grupo Generación Nezahualcóyotl” incumplió con el numeral 5.2.4.12, que señala que toda la información proporcionada por el usuario o sus familiares debe de manejarse con normas de confidencialidad y secreto profesional. Eso no ocurrió en el caso del video que difundieron en Facebook, para deslindarse de la muerte de Luis Ángel, a quien revictimizan, criminalizan y responsabilizan por su propia muerte.
El anexo también incumplió otras disposiciones, como el numeral 9.2.2.3.3 que señala que, en caso de una severa intoxicación, se debe de referir al usuario a los servicios de atención profesional, y el 9.2.2.3.5 que, a la letra, estipula: “Todo usuario que ingrese al establecimiento debe de ser valorado por un médico en un periodo no mayor a 24 horas”.
No obstante, existen contradicciones patentes –señala Salvador Ferrer– entre la NOM028 y las recientes reformas a la Ley General de Salud aprobadas el 5 de abril de 2022.
Dicha reforma, que Documenta califica de vanguardista y transformadora, establece la salud mental y la prevención de adicciones como ejes de carácter prioritario dentro de las políticas públicas de nuestro país. Garantiza, por ley, que el internamiento para la atención de las adicciones y la salud mental debe de ser voluntario, previo consentimiento informado y con la participación de la persona en la toma de cualquier decisión médica. Por el contrario, la NOM028 señala –en el numeral 5.3.2– que el ingreso de forma involuntaria se presenta en el caso de los usuarios que “requieren atención urgente o representan un peligro grave e inmediato para sí mismos o para los demás. Requiere la indicación de un médico y la solicitud de un familiar responsable, tutor o representante legal, ambas por escrito. En caso de extrema urgencia, el usuario puede ingresar por indicación escrita del médico a cargo del establecimiento. Todo internamiento involuntario deberá ser notificado por el responsable del establecimiento al Ministerio Público de la adscripción, en un plazo no mayor de 24 horas posteriores a la admisión”.
Las graves discrepancias entre ambas disposiciones plantean dudas urgentes de atender.
“En el plazo que establecen los artículos transitorios de la Ley General de Salud se tienen que hacer los ajustes y modificaciones, por lo que supongo que la NOM028 se va a suprimir, pero no hay certeza de ello. Estamos en un escenario de incertidumbre legal y política y, en ese escenario, los anexos seguirán operando como si nada”, señala Salvador Ferrer.
En la última década, en los medios de comunicación, han sido frecuentes las historias que denuncian maltratos, abusos, golpes, castigos crueles, humillaciones e, incluso, abuso sexual al interior de los anexos.
El Estado y sus instituciones de salud pública no abordan el tema de las adicciones desde una perspectiva humanista ni integral. Basta escuchar los anuncios de la campaña de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), órgano de la Secretaría de Salud (SSA), que parecen reciclar la añeja y estéril campaña “Vive sin drogas”, lanzada por TV Azteca en los años noventa, en los que impera una narrativa punitivista que pretende disuadir el consumo de drogas, en vez de avanzar hacia una discusión sobre el consumo responsable y la despenalización. Ejemplo de ello son algunos spots de la campaña “Línea de la Vida”, como aquel en el que un joven, a ritmo de música hip hop, canta: “Eso siempre acaba mal, carnal”.
Los especialistas coinciden en que los anexos son un obstáculo –debido a su naturaleza coercitiva– para aplicar una perspectiva de Derechos Humanos al tratamiento de las adicciones.
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La tortura física es todo aquel método, técnica y entorno creado para causar, de forma intencionada, dolores o sufrimientos sobre el físico de una persona. Golpear fuerte, no dar agua por largo tiempo, dar toques eléctricos, inmovilizar por largos periodos en posiciones formzadas, quemar o ahogar son algunos de los ejemplos de tortura física.
El delito de tortura tiene una pena mínima de cuatro años y puede llegar hasta treinta años. Los años que determine el juez dependerá de 1) si la persona que la comete colabora y aporta información puede reducirse la pena; 2) si la tortura es cometida contra grupos vulnerables, la pena se incrementa.
En el caso de Luis Ángel, esta última era su condición: un joven usuario de drogas –solventes–, con un consumo problemático, desnutrición y debilidad generalizada.
La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes estipula que la tortura puede producirse en cualquier lugar del que la víctima no pueda irse libremente. “Puede producirse en una residencia para personas adultas mayores, en un hospital psiquiátrico, en una clínica contra las adicciones, etc”, señala el documento “Preguntas y respuestas para victimas de tortura”, elaborado por Documenta.
Como aclara la organización, cualquier persona particular puede estar involucrada en la comisión de los delitos de tortura y malos tratos, cuando hay un servidor público que lo permite, lo tolera u obliga a alguien.
En este caso, Alejandro recuerda que, al momento de presentar la denuncia ante el ministerio público, las autoridades se mostraron condescendientes, con los propietarios del anexo. La familia Manzo declara que, al interior del Centro de Justicia, hubo presiones, por parte de Sánchez Martínez y Meza Girón, para que la autopsia no se realizara.
Cuando alguien sufre tortura –según el referido informe de Documenta–, se le coloca en una situación de indefensión y vulnerabilidad total: esto hace que sea sencillo manipular sus acciones.
Cuando Luis Ángel recayó en el consumo de solventes, que derivó en un cuadro de anemia, Ángela y Daniel, su hermano mayor, hicieron lo que muchas familias hacen en su lugar: internarlo en un anexo.
Luis Ángel empezó a consumir drogas, inhalar solventes, fumar mariguana y bebidas alcohólicas a los 13 años. Ángela le avisó a José Luis que su hijo estaba consumiendo sustancias y que había abandonado la secundaria.
José Luis atribuyó el problema a la “edad”, convencido de que la personalidad y el carácter de su hijo se estaba forjando, con la esperanza de que esos problemas los superara con el tiempo.
“A mí parecer no era necesario que se le anexara. ¿Por qué? Cuando uno va dejando la niñez y se convierte en adulto hay muchos cambios hormonales y desestabilidad emocional. Y más si uno no está mentalmente apto. Su consumo era intermitente”, me explica José Luis en una videollamada de Zoom.
Con todos los indicios en la mano, José Luis está convencido de que Luis Ángel, “su muchacho”, fue torturado al interior del anexo. Daniel Sánchez Martínez, junto a otra persona, confesó que lo metió a bañar. Ante la ausencia de una bitácora de entradas y salidas, no hay certeza de quiénes estaban al interior del anexo en el momento de la muerte de Luis Ángel, lo que ha impedido que la autoridad cite a declarar a más testigos.
José Luis especula sobre lo que le ocurrió a su hijo: “¿bañaron a mi hijo con todo y ropa?, ¿con agua fría?, ¿cuántas veces?, ¿cuántos días?”.
Hay dos indicios que, para él, son la confirmación de sus sospechas: la ropa húmeda de Luis Ángel que le entregaron a las puertas del anexo y que Daniel Sánchez Martínez se encuentre prófugo.
El 30 de julio de 2018, Sánchez Martínez acudió al Centro de Justicia sin identificación oficial, por lo que el domicilio que proporcionó no contaba con un aval probatorio. Entre 2018 y 2019 fue citado en tres distintas ocasiones y las autoridades no lo han localizado en la dirección que les proporcionó.
De acuerdo con la información, consignada en la averiguación previa, Luis Ángel falleció a las 4:00 de la madrugada; no obstante, los elementos de la policía municipal de La Paz arribaron al lugar a las 7:00 de la mañana. Durante tres horas, Luis Ángel no recibió, siquiera, primeros auxilios. Nunca llegó una ambulancia al lugar.
José Luis lanza otra batería de cuestionamientos: “¿Por qué someter a ese castigo a un joven que llegó en un estado tan frágil? ¿Por qué nadie intentó reanimarlo? ¿Quién más protege a los culpables?”.
Las preguntas, cinco años después, siguen sin respuesta.
***
Una escena simbólica, que me narró José Luis, resume la doble tragedia de las víctimas de homicidio y de sus familiares en este país. Un día, a las afueras del Centro de Justicia de Los Reyes, José Luis vio que la bandera de México, que ondeaba en el aire, estaba desgarrada, sucia, hecha jirones.
Sin afán patriótico, pero ofendido por lo que la imagen significaba (indiferencia y desinterés), se acercó a un funcionario del ministerio público:
–¿Sabes lo que significa la bandera mexicana?
El funcionario, hundido en una silla maltrecha, con el haz de luz de la computadora iluminando su rostro, lo volteó a ver:
–No… ¿Por qué?
–¿Ya viste cómo está la bandera allá afuera? –señaló a través del vidrio opaco de una ventana–: Ni siquiera eres capaz de bajarla y pedir otra.
–¡Achis! Como si fuera mi culpa… –respondió el empleado del ayuntamiento.
–No se trata de eso –refutó José Luis–. Es algo más simple: si no respetas un símbolo patrio, lleno de significados, cómo quieres que confiemos en ti, en tu justicia.
–¿Confías en que habrá justicia por la muerte de tu hijo? –le pregunto a José Luis en una videollamada de Zoom. Su rostro, al otro lado de la pantalla, refleja un profundo cansancio.
–Puede tardar toda una vida, pero confío en que habrá justicia.
Una vida, miles de kilómetros recorridos entre Nueva York y la Ciudad de México, vuelos entre un país y otro, con el único fin de exigir verdad, justicia y reparación por la muerte de “su muchacho”.
Otra vuelta al mundo.
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