Durante septiembre, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria realizó su segunda visita oficial a México después de 20 años; y ayer publicó los resultados preliminares.
En Desarchivando enumeramos diez de las observaciones, conclusiones y datos más relevantes que se dieron a conocer.
Cabe señalar que en la conferencia de prensa estuvieron presentes: Matthew Gillett, Ganna Yudkivska y Miriam Estrada-Castillo, integrantes del Grupo de Trabajo.
1.-Concluyeron que la detención arbitraria sigue siendo un problema generalizado en México.
2.-Resaltaron que de las aproximadamente 90 mil personas en detención preventiva denominada “en proceso”, hasta 2022, alrededor del 50 por ciento están sujetas a detención preventiva oficiosa.
3.-Detectaron que hay personas que seguían en prisión preventiva oficiosa a más de cinco años desde su detención.
Sobre este tema, los expertos dijeron que las autoridades mexicanas deben derogar la detención preventiva oficiosa de la Constitución.
Observaron que ha sido considerada una violación de los derechos humanos.
Y que ésta solo pueda aplicarse en función de una evaluación individualizada en la que se demuestre el riesgo de que el acusado se fugue, cometa una reincidencia grave o manipule las pruebas o testigos.
Arbitraria. Foto Alma Ríos
4.- Al Grupo de Trabajo le preocupó escuchar que en México se aplica una versión ampliada del delito en flagrancia, conocida como flagrancia por señalamiento.
Mediante la cual -explicaron- una persona puede ser detenida sin una orden judicial en un momento posterior, a pesar de no haber sido sorprendida en el acto por un funcionario con poderes policiales, siempre y cuando un testigo, que puede ser una persona privada, informe haberlo visto cometer un delito.
5.-El Grupo de Trabajo se enteró de que un número significativo de personas detenidas sufrió violencia grave y excesiva durante su arresto.
Ejemplo de ello, es un detenido que recibió un disparo en el estómago por parte de la policía, lo que resultó en la extirpación de partes de su intestino.
6.-Ls expertos observaron que hay reportes constantes de violencia al realizar arrestos y detenciones arbitrarias por parte del personal militar.
Advirtió que el uso de fuerzas militares para realizar actividades de policía pública a nivel federal, estatal y municipal es frecuente y ha estado estrechamente relacionado con el aumento de la violencia contra las personas detenidas, las desapariciones y los homicidios.
Mala defensa
7.- Precisó que aproximadamente 95 por ciento de las personas acusadas de delitos graves tienen asignados defensores públicos para que los representen de forma gratuita.
Sin embargo, los defensores públicos se enfrentan a un gran número de casos y muchas personas detenidas reciben servicios legales de mala calidad.
El resultado es un mayor riesgo de detención arbitraria, en particular para las personas que carecen de medios socioeconómicos
El Grupo de Trabajo reiteró su llamado a fortalecer la Defensoría Pública y pide a las autoridades que mejoren los mecanismos de acceso a la asistencia jurídica.
Fábrica de cargos
8.- Consideró que, si las fuerzas de seguridad pudieran estar equipadas con cámaras corporales u otros dispositivos de grabación, podría ayudar en cierta medida a reducir la posibilidad de abusos de poder.
Lo anterior, al ser informados de casos en los que las fuerzas de seguridad fabricaron cargos contra personas colocando drogas en sus hogares, vehículos, bolsos o ropa.
9.-El Grupo de Trabajo también descubrió un grave hacinamiento en algunas cárceles para hombres visitadas, lo que es motivo de especial preocupación.
En una de ellas, por ejemplo, 16 detenidos en prisión preventiva se mantienen encerrados en pequeñas habitaciones.
Grupos vulnerables
10.-Un gran número de personas migrantes y solicitantes de asilo están detenidas en México, el cual ascendió a más de 240,000 en el primer semestre de 2023.
Según la Constitución, tales detenciones administrativas deben limitarse a 36 horas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la detención de migrantes durante 15 a 60 días en virtud de la Ley de Migración es inconstitucional.
El Grupo de Trabajo presentará su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2024.
Durante la visita al país, acudió a cuatro instalaciones federales y once estatales y municipales.
Éstas incluyeron centros de reinserción social, estaciones de policía, estaciones de detención de migrantes, centros especializados para adolescentes, refugios de protección para niños y niñas, hospitales de salud mental y separos de las fiscalías.