Son las 6:00 de la mañana de un sábado. Afuera del penal de Santiaguito, se empieza a formar una larga fila de personas que, vestidas de rojo, esperan su turno para entrar. Son familiares de personas privadas de la libertad que, cada fin de semana, acuden a visitarlas.Sin embargo, hay un detalle imposible de ignorar: la mayoría de quienes esperan son mujeres, principalmente madres. Son ellas quienes siguen ahí, cuando muchos los han abandonado.
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021 reveló que solo 54.9% de las personas en prisión señalaron que fueron visitadas por al menos un familiar o amigo.
Las mujeres de la familia son quienes realizan el 82.5 % de todas las visitas, ellas sostienen el vínculo cuando el estado abandona, de acuerdo con el informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Familiares de las Personas Privadas de la libertad en México de la asociación civil, Documenta.
Ese mismo estudio reveló que las mujeres que más visitan a los presos son sus madres, con el 36.6por ciento.
Le siguen las esposas, con el 28.7 por ciento y las hermanas con el 17.2 por ciento.
Invisibilizadas
Hasta ahora no existe un dato oficial sobre el número de mujeres que van a ver a sus hijos en prisión, lo que genera en parte, que estén invisibilizadas.
“Una vez me tomé el tiempo para contar, vi 50 mujeres y entre esas mujeres solo dos hombres. Yo creo que la mayoría son madres, muy pocas van a ver a sus esposos, siento que las madres ahí estamos al 100”, dice Claudia Vargas González, integrante del colectivo Haz Valer mi Libertad
Claudia Vargas González es madre de Jorge Daniel Juárez, quien se encuentra preso en el Estado de México. Él y su papá, Miguel Ángel Juárez, fueron sentenciados a 55 años de prisión por homicidio, un delito que aseguran, no cometieron.
“Yo he visto unas viejitas que apenas pueden, las pobres, caminar y van con su bolsita y a veces digo, no quiero llegar a esa edad y que todavía mi hijo este aquí”, dice Claudia Vargas.
Conforme van llegado a las inmediaciones del centro penitenciario, los familiares se forman en una fila que avanza lento.
Una mujer, de aproximadamente 50 años, fue la tercera en llegar, pero no será de las primeras en entrar. Delante de ella, ya hay por lo menos doce lugares apartados.
Otras personas pagan para evitar la fila. En ese lugar hasta eso tiene un precio.
Éste solo es el primero y el menor de los abusos que enfrentará, antes de reencontrarse con su hijo, a quien le lleva su guiso favorito.
Revisiones excesivas
A las 9:00 de la mañana los policías penitenciarios dan acceso a las personas. Antes deben pasar por varios filtros de seguridad: les recogen la credencial, anotan sus nombres, les entregan un pase.
El personal penitenciario revisa la comida y productos que llevan; y les realiza una inspección corporal. El informe de Documenta advierte que ese es uno de los momentos más violentos.
Los visitantes suelen enfrentar malos tratos, vejaciones y el sometimiento a revisiones corporales incisivas.
“Si me ha tocado que me revisen para ver si llevo toalla. Revisan de una manera muy impositiva, sientes que te tocan, te sientes incomoda, te hacen quitar a veces, los zapatos, a mí no me ha tocado, pero si ha habido casos en los que te hacen que hagas una sentadilla para ver si traes algo en el ano seguramente”, dice Martha Aldama Alvarado, integrante del colectivo Haz Valer mi Libertad.
Documenta señala que los registros intrusivos vaginales y anales a las familiares de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios constituyen violencia sexual, de género e institucional en contra de las mujeres.
‘Un campo de concentración’
Martha Aldama Alvarado, es madre de Pedro Alexandro Fonseca Aldama, quien enfrenta una condena de 55 años en el penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, por homicidio, un delito que asegura, no cometió.
Ella dice que le provoca ansiedad, solo pensar lo que tendrá que enfrentar antes de entrar al penal: “gente muy dura, prepotente e inhumana”, dice para referirse al personal penitenciario.
“En el momento en que vamos formados, yo lo he comparado muchas veces con un campo de concentración porque te hacen sentir así, que no eres un ciudadano normal que merece respeto”, platica.
Martha es integrante del colectivo Haz Valer mi Libertad, un colectivo de mujeres que tienen familiares injustamente presos.
El artículo 33 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece protocolos obligatorios para que las revisiones a las visitantes se realicen con respeto a la dignidad humana y la incorporación transversal de la perspectiva de género.
Sin embargo, advierte el informe de Documenta A.C., no son públicos ni accesibles para las y los familiares.
Documenta señaló que eso agrava la situación de las familias y consolida la discriminación estructural y sistemática que sufren.
Las mujeres sostienen
Aunque el Estado tiene la obligación de proveer los servicios y productos básicos en los centros penitenciarios, la familia es quien lleva los alimentos, medicamentos, ropa y artículos de higiene personal.
A pesar de eso, el acceso de estos productos no está garantizado. A veces, las visitantes tienen que negociar, insistir o incluso rogar para que les permitan ingresarlos, sin éxito.
“A mi hijo le lleve un reloj y la custodia lo vio y me lo quitó en la revisión de la comida, y no me lo regresó, se lo quedó, cuando volví a visita se lo vi puesto y dije, ahí está mi reloj”, recuerda Claudia Vargas.
Varias mujeres advierten que se ven orilladas a pagar para que les permitan ingresar comida o pasar por alto algún detalle en la ropa. Siempre sale un pretexto para sacarles dinero.
Las vistantes tardan unas dos horas para entrar al penal, en promedio. Una vez adentro, tienen otros gastos: pagan para que llamen a su familiar y hasta la renta de la mesa.
“Llega el momento en que hay que despedirse y hay que salir sin él, otra vez. Otra vez retirarse de ese lugar y verlo, se queda con su bolsa y se espera hasta que salgamos y verlo a así, me parte el corazón”, dice Martha.
La cárcel empobrece
Un sondeo realizado por Desarchivando, arrojó que en cada visita las familiares gastan aproximadamente dos mil pesos, entre los alimentos, el pasaje, y todo lo que tienen que pagar a los custodios. A veces son cinco o diez pesos, otras hasta 200.
A eso se suman los honorarios del ahogado, y que algunas se hacen cargo de los nietos, por lo que muchas han perdido patrimonio. La cárcel las ha empobrecido.
“Los abogados nos sacaron 500 mil pesos, vendimos todo: estufa, refrigerador, cama, trastes todo lo que se podía vender para juntar el dinero para poder pagar unos abogados que no hicieron nada”, recuerda Claudia.
En su informe, Documenta observó un grave deterioro en la salud física y mental de las personas, debido a una constante preocupación por el estado de su familiar privado de la libertad, lo cual les genera altos niveles de estrés, ansiedad y angustia.
Además de que se enfrentan al estigma social.
“Mi hijo es inocente y eso es lo importante y la verdad es que ningún comentario me interesa de la demás gente, ninguno, porque estoy bien convencida de que mi hijo es inocente”, expresó Martha Aldama.
-Solamente muerta o muy enferma voy a dejar de luchar por ti, dice Martha a su hijo.
El informe de Documenta, enfatiza en la necesidad de que existan medidas de protección integral para familias de las personas en prisión, y políticas públicas que reconozcan la magnitud de los efectos de la privación de la libertad, especialmente, en la vida de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Recomendaciones
Algunas de las recomendaciones de Documenta son:
-Hacer públicos y accesibles los protocolos y requisitos para las visitas
-Eliminar los controles excesivos más allá de los límites razonables para entregar víveres, productos de higiene, ropa y otros artículos
– Evitar la inspección corporal, priorizar métodos apropiados, como el escaneo, que no implican contacto corporal y adoptar medidas para establecer la privacidad de las visitas familiares en entornos seguros en donde se garanticen sus derechos
-Eliminar los registros intrusivos vaginales y anales. En este sentido, se recomienda crear un «protocolo con perspectiva de género para proteger a las familiares y visitas de las personas privadas de la libertad»
-Realizar cursos de capacitación dirigidos a las autoridades administrativas que contemplen medidas para prevenir y combatir la discriminación a las familiares de las personas privadas de la libertad.
-Brindar atención prioritaria a las condiciones estructurales, sanitarias y de higiene de los centros penitenciarios y que se provea a las personas privadas de la libertad de alimentos en buen estado, agua potable en cantidad y calidad suficientes, así como exámenes médicos iniciales y tratamientos adecuados, de tal forma que no se traslade este deber de cuidado a las familiares.
-Respetar el derecho de las personas privadas de la libertad a estar en lugares próximos o cercanos a su familia o comunidad.
La asociación civil señala que muchas veces el derecho a la unidad familiar se ve afectado por los traslados involuntarios masivos que se han realizado, a pesar de que la Constitución establece que las personas privadas de la libertad deben compurgar sus penas en el lugar más cercano a su domicilio.
Los traslados -dice el estudio- alejan a las familias, provocan incertidumbre, generan mayores dificultades para comunicarse, y aumenta el gasto para la visita.