Para ingresar al edificio central de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los ciudadanos no solo deben cruzar imponentes portones; ahora también tienen que sortear un cerco de vallas.
Nada de esto es gratuito. Estas estructuras se financian con recursos públicos. Tan solo en septiembre pasado, la fiscalía mexiquense gastó más de medio millón de pesos en el mantenimiento correctivo y preventivo de los portones corredizos y sus operadores, según el contrato CP/023/2025.
La fiscalía mexiquense inició su blindaje en 2023, con la instalación de barrotes de seguridad y portones en el edificio central.
Las estructuras impiden el paso, incluso a la calle Jaime Nunó que, anteriormente, era vía pública.
“Antes, como peatones, podíamos cruzarnos por ahí para ir a la panadería. Ahora no, incluso hay una casa dentro”, dijo un vecino que prefirió el anonimato.
Como si no fuera suficiente con los portones, la institución también mantiene vallas metálicas en las inmediaciones de su edificio central.
Así lo han denunciado, las integrantes del colectivo Haz Valer Mi Libertad, que desde el pasado 11 de febrero mantienen un plantón para exigir una mesa de trabajo con el fiscal José Luis Cervantes Martínez.
“Es una institución pública (…) Ellos no tendrían que tener esas vallas porque ni siquiera les estamos dañando el edificio. No les estamos haciendo ni pintas ni nada, estamos en la vía pública”, señaló Claudia Vargas González, integrante del colectivo.
“Considero que lo que pretenden es alejarse del pueblo, que no tienen la voluntad de servir al pueblo por eso ponen tantas vallas”, añadió Martha Aldama Alvarado, integrante del colectivo.
Ni siquiera, los diputados Octavio Martínez y Ana Yurixi Leyva tuvieron acceso a las instalaciones, cuando acudieron a respaldar al colectivo.
Mientras tanto, crece la inconformidad de los comerciantes de la zona que -dicen- han padecido la caída de sus ventas entre el 40 y 50 por ciento.
La renta de vallas
En los últimos tres años, la fiscalía mexiquense gastó -por lo menos- 3 millones 459 mil 835 pesos en la renta de vallas antimotín de lámina de acero, para proteger distintas instalaciones de la institución, durante las protestas feministas del 8 de marzo.
Según los contratos; CP/002/2024, ADP-FGJEM-01/2025 y LPNP-FGJEM-01/2026, que la institución firmó con la empresa Amazing Trade de México S.A. de C.V., el costo unitario fue de entre mil 589 y tres mil 400 pesos.
En los contratos se indica que, las vallas antimotín debían ser instaladas en el edificio central ubicado en Toluca; las fiscalías regionales de Nezahualcóyotl y Tlalnepantla; y los centros de justicia de Ecatepec, Amecameca, Cuatitlán Izcalli, Cuautitlán México y Chimalhuacán.
En 2024, la FGJEM también adquirió vallas de acero tipo popotillo para delimitar la zona de la Unidad de Adiestramiento de la Policía de Investigación, por un monto de 272 mil 250 pesos, de acuerdo con el contrato CP/019/2024.