-Tía córrale que a su hijo se lo llevan unos ministeriales- apenas escuchó eso, María Luisa Montoya salió de su casa para buscar a Carlos Alberto Estrada Montoya.
El joven de 22 años de edad, fue detenido minutos antes, mientras compraba unas quesadillas en Santiago Miltepec, una colonia popular de Toluca, estado de México.
Era 18 de diciembre del 2017.
María Luisa relata que durante la detención, a su hijo no se le presentó la orden de aprehensión, no le leyeron sus derechos, no le permitieron una llamada telefónica y no se le informó de qué delito se le acusaba.
Incluso, en una de las audiencias del juicio, Carlos Estrada se quejó que recibió esa información después de que lo ingresaron a los juzgados de Almoloya de Juárez.
“Se me hace injusto, aquí me vine a enterar, de todos modos, hasta aquí me vine a enterar por qué delito estaba y nunca me quisieron decir”, reprochó.
“En el trayecto, desde que lo detienen, nunca le dicen porque lo detenían, nunca se le permitió una llamada telefónica, hasta que lo ingresan, le avientan unas hojas y ahí decía: por homicidio”, recuerda la madre.
Tras la aprehensión, sus padres lo buscaron en los diferentes Ministerios Públicos del Valle de Toluca sin localizarlo.
Al no poder comunicarse con él, procedieron a presentar una denuncia por privación ilegal de la libertad ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Tras varias horas de búsqueda, al día siguiente, María Luisa pasó a preguntar a los juzgados de Almoloya de Juárez.
Allí le informaron que su hijo se encontraba en el lugar y que en esos momentos ya estaba en la primera audiencia.
Carlos Alberto, un padre de familia que se ganaba la vida como albañil, fue acusado de homicidio calificado con ventaja.
Luego de que uno de sus vecinos falleció tras ser herido con arma blanca en una calle de Santiago Miltepec, durante la noche del 23 de septiembre del 2017.
Lo acusaban los cuñados del occiso. Como testigos directos señalaron que el día de los hechos, uno de ellos y la víctima tomaban caguamas en la vía pública, cuando el acusado se acercó y les pidió una cerveza, pero se la negaron, se fue, y minutos después regresó para cometer el crimen.
Durante el juicio, uno de los acusadores ventiló que obtuvieron el nombre completo de Carlos Alberto, porque los agentes del Ministerio Público se los dieron.
Incluso, los datos que presentó el Agente del Ministerio Público en la formulación de acusación contra Carlos Alberto, corresponden a una persona distinta, entre ellos: el apodo, la edad, la dirección, e incluso el penal donde fue recluido.
En el oficio dirigido a un juez de control, se le identifica como un hombre de 27 años, de apodo “El Cachetes” con dirección en Tenancingo y recluido en el penal ubicado en ese municipio.
María Luisa asegura que su hijo no tenía ese apodo, en ese entonces tenía 22 años y vivía en Toluca. Además enfrentaba el proceso privado de la libertad en el penal de Santiaguito.
Uno de los defensores de oficio que tuvo Carlos, le pidió que se declarara culpable para que disminuyera la pena, pero él no accedió, al saberse inocente.
Tras un proceso que duró sólo ocho meses, Estrada Montoya fue sentenciado a 47 años de prisión.
Eso a pesar de que el representante social de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México nunca presentó el arma, objeto o superficie para corroborar las huellas.
Tampoco presentó alguna videograbación para comprobar la participación del acusado. El único medio de prueba fue el testimonio de los dos cuñados.
Carlos Alberto Estrada Montoya cuenta con un pronunciamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, donde se desprenden las violaciones a derechos humanos y al debido proceso, en el que se propone su libertad a través de la amnistía.
A continuación, las irregularidades conforme a lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos:
- Los ministeriales que lo detienen no presentaron orden de aprehensión
- Los ministeriales que lo detienen no le informaron el motivo de la detención
- Los ministeriales que lo detuvieron no le leyeron sus derechos
- Estuvo incomunicado /no le respetaron el derecho de hacer una llamada telefónica
- El ministerio público nunca presentó el arma
- No se demostró que estuvo en el lugar de los hechos
- El Ministerio Público dio el nombre de Carlos a quienes lo acusaban
Esta historia se basa en videos de las audiencias del juicio oral, documentos y testimonios de familiares.
Texto de Alma Ríos, publicado originalmente en blog Libertarium