Por Berenice Santos
Ana Georgina Domínguez Macías y Karla Castro Ramírez fueron torturadas para que firmaran declaraciones prefabricadas y se auto inculparan del delito de delincuencia organizada por distintos hechos en la administración de Felipe Calderón. Han pasado más de una década en prisión preventiva y en busca de justicia.
Ambas forman parte de las siete de cada 10 mujeres privadas de la libertad que sufrieron algún tipo de violencia, incluyendo la tortura, durante alguna etapa de su proceso penal, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Gobernación publicado en 2022.
Karla, casi 13 años con secuelas de tortura en prisión preventiva
Karla fue detenida arbitrariamente y torturada por policías federales en Puebla. Fue obligada a autoinculparse de pertenecer a un grupo de secuestradores. Lleva casi 13 años en prisión preventiva y desde el Cefereso No.16 de Morelos busca justicia.
Karen, 12 años y siete meses en prisión preventiva
Desde su detención, Karla manifestó ante un juez que fue torturada para firmar las declaración que presentó el Ministerio Público, pero los juzgados no ordenaron investigar el delito de tortura, ni que se les aplicara el Protocolo de Estambul para comprobar que fue víctima de esa práctica.
El director del Instituto de Justicia Procesal Penal, Javier Carrasco, explica que cuando una persona acusada asegura que fue torturada ante un juez, este debe ordenar que se investigue el delito de tortura y excluir las pruebas que se obtuvieron con esa práctica, en el caso de Karla la declaración prefabricada.
En tanto, Edith Escareño, psicológa de la Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes contra la Tortura, menciona que en las investigaciones del delito de tortura, los autoridades exigen el dictamen médico-psicológico basado en el Protocolo de Estambul como una prueba para la investigación.
Sin embargo, la falta de peritos públicos que apliquen el dictamen provoca que las investigaciones se retrasen, además de que el Protocolo de Estambul está sobreestimado porque hay otras formas de comprobar que una persona fue torturada.
“El dictamen puede utilizarse, no es necesario al 100% dentro de las investigaciones porque habrá más pruebas que sustenten el dicho de las personas, como exámenes médicos y evaluaciones de cuando llegan al penal”, destaca.
En 2015, un juez autorizó que se le practicara el dictamen a Karla con sus propios medios. Lourdes menciona que fue complicado encontrar a un perito privado en Tepic, pero localizaron a uno que les cobró 10 mil pesos.
Aunque se comprobó que Karla tenía estrés postraumático, daño físico y psicológico, el juez dijo que tenían que ratificar los resultados con un dictamen realizado por un perito público, que se hizo hasta julio de 2019.
Ese dictámen concluyó que la víctima tenía zonas afectadas corporales por la tortura a la que fue sometida casi 10 años antes. El documento fue entregado al Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México en enero de 2020.
Escareño señala que aunque la Ley General Para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor en 2017, establece que los dictámenes de peritos privados tienen valor probatorio, los jueces siguen poniendo “candados” y pidiendo los resultados de peritos públicos, lo que provoca que los procesos se alarguen aún más.
Lourdes asegura que el juez no excluyó de la investigación contra Karla la declaración que fue obligada a firmar tras ser torturada, y tampoco ordeno que se investigara el delito.
“Yo creo que tan sólo con el Protocolo de Estambul que comprueba que ella fue víctima de tortura en el momento de la detención y que fue obligada a firmar una declaración que ya estaba realizada, con eso debería ser suficiente para que sea liberada”, señala Lourdes.
Sin embargo, es más complejo, porque aunque se comprobó que Karla fue torturada y se convirtió en una víctima, a la par sigue siendo una persona imputada y debe continuar con su proceso penal, explica el abogado Carrasco.
Sin respuesta de las autoridades
El caso de Karla está detenido desde el año pasado pese a que ya no hay más pruebas por desahogar, debido a que su proceso se lleva a cabo en grupo, es decir, otras personas están procesadas en la misma causa penal 6/2014.
Actualmente, la víctima está esperando que el juez dicte separación de autos, con ello se individualice su proceso y pueda avanzar, también está promoviendo un amparo para que le cambien su medida cautelar.
Karla y su mamá han pedido ayuda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al Consejo de la Judicatura Federal, al presidente Andrés Manuel López Obrador e incluso a instancias internacionales para que intervengan, sin obtener ninguna respuesta.
“Siento que estamos en el olvido por parte de las autoridades, que deberían de dar ya una solución, a este calvario, a este martirio”, lamenta Lourdes.
Por otra parte, señala que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) intervino para interponer la denuncia penal por el delito de tortura contra sus hijas, sin que hasta el momento haya avances.
Incluso se enteró que algunos policías federales señalados de torturar a sus hijas enfrentan procesos penales por el delito de secuestro. ¿Qué ironía no?”, cuestiona.
La mamá de las víctimas considera que nada les podrá reparar el daño “ni económicamente, físicamente, ni moralmente, jamás se va a reparar”. Sólo espera justicia.
“Pido justicia para mis hijas y para muchas más personas que están en esa situación. No puede ser que la justicia sea tan ciega”, recrimina.
Desde prisión, Karla, de 34 años, cuestiona que sólo las personas con recursos económicos y vida pública pueden tener acceso a la justicia y lamenta que desgraciadamente su juventud se quedó encerrada entre cuatro paredes.
Pide a las autoridades voltear a ver su caso que sigue incierto y el de las otras mujeres en la misma situación.
La tortura sigue permeando
Los casos de Karla y Ana Georgina muestran el uso sistemático de la tortura para la fabricación de delitos perpetrado por la extinta Policía Federal y militares, así como la impunidad que permea en los casos.
Aunque las víctimas fueron torturadas en la administración de Felipe Calderón, la tortura para distintos fines se sigue registrando en el gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien niega que se siga practicando.
De abril de 2018 a marzo de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) inició 5 mil 983 carpetas de investigación por el delito de tortura a nivel federal, de acuerdo con datos del Registro Nacional del Delito de Tortura.
Sin embargo, los niveles de impunidad son altos. En los últimos ocho años, las autoridades sólo han emitido 43 sentencias por dicho delito, según datos del Observatorio contra la Tortura.
En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido 678 quejas por tortura de 2014 a abril de este año. En 41% de los casos fueron señalados elementos de la extinta Policía Federal.
Edith Escareño, psicóloga de la Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes contra la Tortura, explica que la tortura en México existe históricamente debido a que en algún momento la propia autoridad sostuvo que esa práctica era necesaria para investigar delitos penales.
“Había que torturar a las personas para que aceptaran la responsabilidad en algún delito y que actualmente no se investigue adecuadamente tiene que ver con eso, con ocultar que en México existe tortura históricamente”, afirma Escareño.
La especialista considera que es preocupante que en la administración actual se niegue que se sigue practicando la tortura, porque sólo se ha enfocado en investigar los hechos del pasado y vuelve vulnerable a la población que sigue siendo víctima de ese delito.
“Negar que hay tortura, es negar a la población concreta, su vulneración y sus derechos”, concluye.
Esta investigación fue realizada en el marco del proyecto “Periodistas contra la Tortura” con el acompañamiento de Documenta.
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De eso, además de la delincuencia es de lo que debemos cuidarnos los ciudadanos.
Las autoridades son cada vez más corruptas y se cuelgan medallas de manera ilícita aún en el actual gobierno, revisen estadísticas en el Estado de México.