“Detienen a El Diablo”. Así titularon la nota los medios de comunicación. La ilustraban con la fotografía de un hombre despeinado, con los labios hinchados a causa de los golpes que recibió. Se trataba de Tomás Martínez Mandujano, un albañil reconocido por la ONU como defensor indígena de derechos humanos.
Nadie lo conocía como “El Diablo”, hasta que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México le puso ese sobrenombre el día que lo detuvo, el 4 de junio de 2022. Lo señaló de ser líder de un grupo criminal a quien la misma institución denominó “Los Tomases”.
Tomás Martínez Mandujano es un hombre de 51 años de edad, que se autoadscribe como otomí. Es padre de ocho hijos y representante de Llano Grande Azcapotzaltongo, una comunidad ubicada en el municipio de Nicolás Romero, al noroeste del estado de México.
Antonio Lara Duque, abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), asegura que Tomás es un ‘preso político’, a quien detuvieron injustamente, para obstaculizar su labor a favor de los grupos vulnerables y la defensa del territorio, medio ambiente y del agua de Llano Grande.
Y cuando la fiscalía mexiquense menciona a “Los Tomases”, se refiere a esa comunidad, habitada por personas humildes, que se rige por usos y costumbres.
“Es una comunidad sencilla, humilde, de personas de trabajo; pero eso es una cosa y otra cosa es ser criminal; y entonces no pueden criminalizar a toda una comunidad manteniendo a su liderazgo en la cárcel”
Antonio Lara Duque, abogado del CDHZL
Desde entonces, Tomás Martínez se encuentra privado de la libertad en el penal de alta seguridad de Otumba Tepachico, en el Estado de México, donde suelen ingresar los secuestradores y homicidas más peligrosos.
Purga una condena de 43 años 9 meses de prisión, luego de que la fiscalía le atribuyó el homicidio de un policía de investigación, un delito que asegura, no cometió.
ONU se pronunció por su libertad
Y en diciembre del 2025, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México solicitó la amnistía para Tomás, tras documentar violaciones al debido proceso. Aun así, la fiscalía mexiquense mantiene la acusación y criminalización en su contra.
Criminalizados por defender el territorio
La historia de Tomás Martínez Mandujano está anclada a la de Llano Grande Azcapotzaltongo, donde es la figura visible de la organización comunitaria.
En este lugar viven 5 mil familias que ven en la albañilería y el comercio su principal fuente de ingresos.
Es el hogar de muchas personas indígenas, madres solteras y en otras condiciones de vulnerabilidad.
Leticia Cruz Hernández, habitante del lugar, sostiene que Llano Grande Azcapotzaltongo cuenta con un documento virreinal que acredita a la comunidad como propietaria legítima de esas tierras comunales.
Pese a ello, las autoridades se niegan a reconocerlo. Lo consideran un asentamiento irregular.
Desde hace años, este pueblo enfrenta la criminalización y el hostigamiento, principalmente del ayuntamiento de Nicolás Romero.
Y algunos representantes de Llano Grande han sido encarcelados, acusados del delito de despojo.
Leticia Cruz explica que, detrás de esta “fabricación de delitos” hay intereses políticos y de empresas inmobiliarias, que buscan apropiarse del territorio, especialmente del agua.
‘En los pequeños hormigueros’
Durante años, Llano Grande padeció la marginación y el abandono del gobierno municipal. Los habitantes que solicitaban los servicios públicos, eran ignorados.
Los lugareños dicen que desde que Tomás Martínez Mandujano fue nombrado representante en el 2016, mejoraron las condiciones de vida.
Tomás estudió hasta tercer año de primaria, pero con su visión, determinación y liderazgo, logró profundizar en la autonomía y organización social de este pueblo.
El nombre Azcapotzaltongo deriva del náhuatl “lugar de los pequeños hormigueros”, y así, como las hormigas, sus pobladores se relacionan mediante un sistema social altamente organizado y cooperativo.
Con faenas, el pueblo levantó sus propios pozos, caminos, escuelas, templos y viviendas; así abrió paso al agua, techo, electricidad, educación y trabajo: servicios que, a pesar de ser derechos esenciales para la dignidad humana, el gobierno no les proporcionaba.
Entre las obras comunitarias más atractivas de Llano Grande se encuentra el puente colgante, que conecta con la zona más alta y reduce los tiempos de traslado; el puente del amor; y unas albercas, que cada periodo vacacional y fiesta patronal muestran el potencial turístico que resguarda el territorio.
Tienen sus propias brigadas de Seguridad y Protección Civil, integradas por los mismos habitantes, que vigilan y hacen rondines las 24 horas del día, los 365 días del año.
También hacen reforestación, implementan proyectos productivos y en defensa de las mujeres víctimas de violencia.
“La comunidad ha crecido mucho porque él tiene mucha cabeza y da propuestas (…) Él dice: vamos a hacer tal obra, y como tal se ensucia las manos. Él sabe de albañilería y hace mezcla, pega tabiques. El día que lo detienen parecía que la comunidad estaba de luto, no se oía música, no se oía nada, duró así dos, tres semanas”
Jobita Páez Hernández, esposa.
Violaciones a los derechos humanos
El CDHZL documentó que la detención de Tomás fue arbitraria y plagada de violaciones a sus derechos humanos y al debido proceso:
- Los policías dispararon en su contra, aun cuando no se resistió a la detención
- Cuando lo presentaron, Tomás llevaba la pierna herida, a causa de un disparo de arma de fuego
- Durante el traslado al centro penitenciario fue víctima de tortura
“Fue una detención donde hubo mucha tortura, tanto emocional y física, desaparición por dos días, a él le violaron sus derechos en la etapa intermedia, donde él no pudo mostrar sus pruebas para comprobar su inocencia”
Leticia Cruz
- Cuando Leticia y Mauricio, otro vecino de la comunidad, acudieron al Ministerio Público de Tlalnepantla a solicitar información, los detuvieron con lujo de violencia y les fabricaron una carpeta de investigación por robo con violencia, lo que los mantuvo privados de la libertad durante diez meses, hasta que la fiscalía desestimó las acusaciones penales en su contra
- A Tomás le negaron el derecho de presentar pruebas de su inocencia durante el juicio
- Fue condenado aun cuando no se acreditó su presencia en el lugar donde ocurrió el homicidio, ni se presentaron evidencias materiales o periciales que robustecieran los testimonios en su contra.
Tomás: ‘preso político’
Antonio Lara señaló que además de que Tomás Martínez es inocente, es un “preso político”.
“Está en la cárcel por una decisión política derivada de su labor en defensa de los derechos humanos. En concreto, era hacerlo a un lado para que la comunidad se quedara sin liderazgo y poderles despojar de territorio y particularmente de agua”
Antonio Lara Duque
El 19 de diciembre del 2025, la Codhem solicitó al Poder Judicial del Estado de México (PJEM) la amnistía para Tomás, tras documentar las violaciones al debido proceso en su contra, y la criminalización por su labor en defensa de los derechos de la comunidad.
A pesar de eso, la amnistía está frenada porque la fiscalía se opone a su libertad, dice Lara Duque.
Fiscalía busca desacreditarlo
En un intento por desacreditar a Tomás Martínez como persona indígena, la autoridad ministerial envió peritos para cuestionarlo, aun cuando la autoadscripción es un derecho constitucional.
La comunidad ha realizado diversas manifestaciones para exigir la libertad de Tomás, y recopiló más de 16 mil firmas para pedir la intervención de la gobernadora Delfina Gómez y del presidente del PJEM, Héctor Macedo.
“Él es el que nos da fuerzas, él es el que nos dice que hay un Dios, y que sabemos y tenemos la conciencia tranquila de que no lo hizo, entonces, siempre habla mucho de Dios, sabemos que habrá un milagro y él va a salir, porque creemos mucho en Dios”.
Jobita Páez, esposa.