La Secretaría de Seguridad del Estado de México clasificó como reservada, por cinco años, la cantidad de celulares asegurados en los penales mexiquenses.
Derivado de una solicitud de información, la dependencia estatal informó que el 08 de octubre del 2025, el Comité de Transparencia de la Secretaría aprobó la clasificación de los datos de dispositivos electrónicos, número y tipo de armas, así como la cantidad y tipo de drogas aseguradas en operativos de los Centros Penitenciarios.
Lo anterior, al considerarse que su difusión compromete la seguridad pública, podría obstaculizar la prevención o persecución de delitos.
Además de alterar investigaciones en curso, vulnerar el debido proceso y afectar la administración de justicia o la seguridad de denunciantes y los servidores públicos operativos.
“En su mayoría son derivados de la persecución de delitos dentro de los centros penitenciarios y forman parte de procesos de investigación tanto judiciales como administrativos y que no han quedado firmes en sus resoluciones, por lo que puede afectar a la administración de la justicia”, informó la dependencia.
La Secretaría de Seguridad argumentó que hay antecedente sobre los vínculos que existen entre los centros penitenciarios y organizaciones criminales.
Consideró que, al dar a conocer la cantidad de los dispositivos, los criminales podrían determinar los insumos con los que se cuenta de manera aproximada dentro de los centros, lo que podría favorecer sus actividades ilícitas.
“Razón por la cual se debe mantener bajo secrecía información que pudiera perjudicar de manera directa e indirecta a la Secretaría y por consiguiente, a la Seguridad Pública”, justificó.
La información fue clasificada como reservada con fundamento en el artículo 140, fracciones I, IV, VI y XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tenía identificados los 12 centros penitenciarios del país, que concentran el 56% del total de líneas telefónicas reportadas por extorsión a través del 089.
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