La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigará la situación de las mujeres privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 “CPS Femenil Morelos”.
Luego de que distintas organizaciones civiles, denunciaron durante una audiencia temática, que en este centro se han presentado muertes y omisiones que ponen en riesgo la vida de las personas.
En el informe que presentaron destacan los casos de suicidios, aislamiento y abandono, que se han presentado.
Hace un año, este medio de comunicación publicó un reportaje titulado: “Morir en el encierro: aislamiento y suicidios de mujeres en el Cefereso 16”.
En el reportaje se exponen factores de riesgo, entre ellos la tortura y los encierros prolongados que se presentan en este lugar, sumado a la falta de atención y tratamiento de las enfermedades mentales.
A la fecha, las organizaciones civiles reportan por lo menos 19 muertes registradas desde 2022, seis de ellas este año.
Las organizaciones han documentado que algunas mujeres tienen entre dos y 20 años privadas de la libertad sin haber recibido una sentencia.
Mencionaron que al menos nueve de ellas no han recibido la atención de un defensor público desde hace cuatro años.
Señalaron las deficiencias que hay en este centro de privación de la libertad, donde se carece de medicamento, atención psicológica y ginecológica.
Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, señaló que estos problemas no ocurren únicamente en México, y desde Comisión Interamericana se comprometió a estudiar el caso.
Al corte del primero de octubre, en este CEFERESO había mil 34 personas privadas de la libertad.
Al menos 450 no debían estar en este lugar, pues compurgaban sentencias o enfrentaban procesos por delitos del fuero común.
Esta situación generaba el abandono de sus familias.
Las autoridades federales justificaron que los traslados de estas mujeres se realizaron a petición de los estados.
Informaron que en 30 días, 102 de ellas fueron retornadas a los centros penitenciarios estatales de origen.
Cerefeso 16 y sus contratos millonarios
Esta cárcel de máxima seguridad fue inaugurada en 2015, durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, a través de contratos millonarios con empresas privadas, que tienen una vigencia de 22 años.
Capital Inbursa, una empresa que forma parte del conglomerado Grupo Carso, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, tiene un contrato para operar el Cefereso 16 hasta el 2032.
Las adjudicaciones fueron firmadas por personal del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que recientemente fue condenado en Estados Unidos por aceptar sobornos de poderosos cárteles de la droga que debía combatir.
Las autoridades federales informaron que ya se trabaja para revertir los efectos de estos contratos.
Entre las organizaciones que participaron en la audiencia temática se encuentran Documenta y Asilegal.