Hay personas en las cárceles del Estado de México que llevan meses, incluso años, esperando que un juez dicte su sentencia. No están condenadas. No se ha probado ante un tribunal que cometieron un delito, pero duermen hacinadas en penales que duplican, y hasta quintuplican su capacidad.
De las 38 mil 92 personas privadas de la libertad en la entidad, 28 mil 411 están condenados y 9 mil 681 enfrentan un proceso penal.
Lo anterior, según los cuadernos mensuales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, al corte de abril.
Es decir: dos de cada diez presos en el Estado de México están privados de la libertad sin una condena.
El porcentaje de personas privadas de la libertad sin sentencia es mayor en mujeres: con el 37 por ciento.
El 100% bajo prisión automática
Uno de los hallazgos del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios 2025 del INEGI es que en el Estado de México el cien por ciento de su población sin sentencia se encuentra bajo prisión preventiva oficiosa.
Es decir, encarcelada de forma automática por el solo hecho de ser acusada de un delito catalogado en una lista constitucional, sin que ningún juez haya evaluado su caso particular.
El Censo del INEGI documentó que, al cierre de 2024, el 22.3 por ciento de los hombres y el 25.6 por ciento de las mujeres privados de la libertad sin sentencia en todo el país llevaban dos años o más esperando su fallo judicial.
Casos emblemáticos
Uno de los casos más mediático es el de Israel Vallarta, que pasó casi 20 años en prisión sin recibir una sentencia definitiva.
Israel Vallarta fue detenido desde diciembre de 2005, junto con la ciudadana francesa Florence Cassez y estuvo recluido en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México acusado de secuestro.
Un caso muy representativo del Estado de México es el de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz.
Ellos estuvieron en prisión preventiva por más de 17 años acusados del homicidio de una regidora de Atizapán, ocurrido en 2001.
El caso escaló hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual acreditó que el Estado mexicano violó el derecho a la libertad personal de los procesados.
La Corte ordenó al Estado mexicano adecuar la prisión preventiva oficiosa a los parámetros de la Convención Americana.
El tiempo perdido
Para las personas que viven esta situación, los números se traducen en años de incertidumbre y lucha constante por sobrevivir ante los abusos y condiciones de sobrepoblación y hacinamiento que persisten en los penales mexiquenses.
Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene pendientes desde hace años los casos que resolverían la constitucionalidad de la prisión preventiva automática.