El primero de junio de 2025, las y los mexiquenses podrán elegir, por primera vez, a los jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado de México, a través del voto libre y secreto.
El Congreso local aprobó ayer, 10 de diciembre, la reforma judicial estatal, que plantea la elección popular de las personas juzgadoras y magistradas.
De esta forma, se convirtió en la cuarta entidad del país en armonizar su legislación de acuerdo con el mandato constitucional nacional, después de Tamaulipas, Michoacán y Durango.
A partir de tres iniciativas: una presentada por el grupo parlamentario de Morena, otra del PT, y una de Morena, PT y PVEM, se modificaron 32 artículos de la Constitución de la entidad, se adicionaron dos y se derogaron cinco.
Contemplan elección para el próximo año
Los comités de evaluación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial serán los encargados de identificar los mejores perfiles y hacer las postulaciones.
Los aspirantes que cumplan con los requisitos deberán agotar la fase de participación pública, abierta, transparente, inclusiva y accesible.
Los listados serán recibidos por la Legislatura y enviados al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), encargado de organizar el proceso electoral.
La elección se llevará a cabo el primero de junio de 2025.
Primero, se elegirá la totalidad de las y los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como la mitad de los cargos de magistraturas.
La elección de personas juzgadoras solo será para vacancias, retiros programados por jubilación, prejubilaciones o renuncias voluntarias.
La renovación de la totalidad de cargos deberá concluir en la elección ordinaria de 2027.
Por lo tanto, quienes sean electos en la extraordinaria del 2025 durarán ocho años y quienes resulten favorecidos, a partir de los comicios del 2027, será por un periodo de nueve años.
El presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, concluirá su encargo el 31 de diciembre de 2024.
Hasta que el próximo presidente del PJEM entre en funciones, el cargo será ocupado por un interino, elegido por el Tribunal Superior de Justicia, mediante un proceso de designación.
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La reforma establece la desaparición del Consejo de la Judicatura y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial.
Este órgano tendrá facultades para recibir denuncias, investigar y sancionar a las personas servidoras públicas judiciales que no cumplan con sus deberes de manera ética y legal.
Estará conformado por cinco personas electas por la ciudadanía, y cuyo encargo durará seis años, siendo sustituidas de manera escalonada, y sin poder ser electas para un nuevo periodo.
Se creará el Órgano de Administración Judicial que tendrá cinco integrantes: un representante del Poder Legislativo estatal, tres designados por el Poder Judicial y uno propuesto por el Poder Ejecutivo del estado.
El cargo tendrá una duración de seis años, y podrán tomar decisiones relacionadas con la administración, vigilancia y carrera judicial.