Esta semana, ha tomado relevancia el caso de Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, un juez que liberó al presunto abusador sexual de una niña de cuatro años.
El asunto generó indignación, porque durante la audiencia, el juez argumentó que, le creía a la niña, pero ella no mencionó el lugar, el día, ni la hora en que fue agredida.
Ante la presión médiatica, el Senado aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Poder Judicial del Estado de México para destituir al juez.
El caso aún no ha concluido, y el presidente del PJEM, Ricardo Sodi Cuellar no descarta la posibilidad de una sanción, solo en caso de que se compruebe que actuó incorrectamente.
Lo anterior, ha generado el interés por saber ¿qué autoridad castiga el mal actuar de los jueces en el Estado de México?
En este caso, es el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial el encargado de la vigilancia y disciplina.
Y todos los jueces están sujetos a la supervisión y el escrutinio.
Está integrado por seis consejeros, quienes en su mayoría son jueces y magistrados.
Actualmente, está encabezado por el presidente del PJEM, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, que ejecuta los acuerdos.
En el portal de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX) se tiene un registro de al menos 12 servidores judiciales que han sido sancionados por el Consejo de la Judicatura durante la administración de Sodi Cuellar.
En los registros sobre trabajadores sancionados hay peritos, ayudantes generales, guardias de seguridad.
Hay técnicos judiciales, notificadores, archivistas, pero no jueces del Estado de México.
Las faltas se castigan con amonestación, multa económica, inhabilitación temporal y hasta destitución del cargo.
Entre los casos destaca el de Fernando Caudillo Daza, un técnico judicial, acusado de ingresar marihuana a un penal.
No se descartan sanciones para el juez Martínez Vitela
Un Tribunal de Apelación, conformado por magistrados, se encargarán de revisar la sentencia absolutoria que dictó Martínez Vitela al presunto abusador sexual.
Por su parte, Sodi Cuellar informó que durante la reunión que hubo con la madre de la niña, se le ofreció iniciar una investigación.
Lo anterior en relación al procedimiento y a toda la secuela procesal para deslindar alguna probable responsabilidad por parte del juez.
“Si se demuestra el juez actuó incorrectamente, al margen de su arbitrio judicial, evidentemente podría ser sancionado”, dijo.