El grupo parlamentario de Morena en la LXII Legislatura del Estado de México presentó una iniciativa para reformar la Constitución local en materia del Poder Judicial.
Con ello se busca que los magistrados, magistradas, juezas y jueces del Poder Judicial mexiquense sean electos por voto popular, con una duración de nueve años en el cargo.
La iniciativa propone la reelección y remuneraciones que no rebasen la del presidente o presidenta de la República.
La propuesta establece que la elección tenga lugar el día de las elecciones ordinarias de diputados y diputadas del Congreso estatal.
Sería la Legislatura mexiquense quien emita la convocatoria respectiva conforme a los cargos sujetos a elección.
Cada poder del Estado integrará un comité de evaluación de las y los aspirantes y las listas de las personas idóneas para participar en la elección.
Al Instituto Electoral del Estado de México, le corresponderá procesar dichas listas.
El Poder Judicial mexiquense no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley
También te puede interesar: Las Trampas de la Reforma Judicial
Buscan crear un Tribunal para aplicar sanciones
Con la iniciativa se busca reemplazar el actual Consejo de la Judicatura por un Tribunal de Disciplina Judicial.
Este tribunal podría tener independencia y autonomía técnica y podría recibir denuncias; investigar conductas presuntamente ilícitas o ilegales; sancionar a personas servidoras públicas, del Poder Judicial, que incumplan la Constitución y las leyes; o que no guíen su actuación con honestidad, legalidad, probidad, independencia, objetividad, profesionalismo, lealtad y eficiencia.
Además, se integrará por cinco magistradas o magistrados electos por la ciudadanía, durarán seis años en su encargo, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser reelectos.
Se plantea la creación de un Consejo de Administración Judicial, para la administración y carrera judicial.
El consejo tendría independencia técnica y de gestión, responsable de la determinación del número, división en distritos, competencia territorial y especialización por materias de los tribunales, salas y juzgados; además, del ingreso, permanencia y separación del personal de carrera judicial y administrativo, así como su formación, promoción y evaluación de desempeño.
El pleno de esta instancia se integrará por cinco personas consejeras que durarán en su encargo seis años improrrogables.
Una será designada por el Poder Ejecutivo, una por la Legislatura estatal y tres por el Tribunal Superior de Justicia.
Esta dependencia elaborará el presupuesto del Poder Judicial, y lo remitirá a las instancias responsables del presupuesto de egresos estatal.
Además de determinar que las cinco magistraturas que conforman el Pleno del Tribunal Electoral de la entidad serán electas de forma libre, directa y secreta.
La iniciativa propone derogar el artículo 88 Bis de la Constitución, conforme al cual corresponde a la Sala Constitucional garantizar la supremacía y control de la Constitución, y substanciar y resolver los procedimientos en materia de controversias constitucionales que se deriven, tareas que ahora corresponderían al Pleno del Tribunal Superior de Justicia.