La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó inconsistencias en algunos contratos realizados por el Poder Judicial del Estado de México (PJEM) durante el ejercicio fiscal 2024, correspondiente al último año de la administración de Ricardo Sodi Cuellar.
La ASF observó que, en los procesos de adjudicación y contratación, las empresas ganadora y participantes se encuentran -presuntamente- vinculadas entre sí.
Observó vinculos familiares, de socios, accionistas, representantes, comisarios o apoderados legales.
En 15 contratos -por lo menos- estas acciones tuvieron por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebida.
Con ello incumplieron las Leyes de Responsabilidades Administrativas y de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.
Lo anterior, son resultados de la auditoría de cumplimiento 854 que tuvo por objetivo fiscalizar el ejercicio de las participaciones federales.
Esta auditoría forma parte de la tercera entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024 de la ASF.
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Los contratos auditados corresponden a distintos servicios, entre ellos, la adecuación de espacios en el edificio de los juzgados de Zumpango.
El mantenimiento preventivo en acabados de cantera, recinto y mármol en inmuebles del Poder Judicial; y de Sellado de Fachadas.
Además de la adquisición de solución integral de gestión de eventos e información de seguridad y servicio de protección de riesgos digitales.
Casos deben ser investigados
La Auditoría Superior de la Federación emitió promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Con ello se busca que las autoridades mexiquenses realicen las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.
Y en su caso, se califique la probable responsabilidad administrativa correspondiente de los servidores públicos y las personas morales implicados.
Por parte de la PJEM, los contratos fueron firmados por Roberto Cervantes Martínez, actual director general de Administración, y hermano de José Luis Cervantes, fiscal general de Justicia del Estado de México.
Por otra parte, la ASF emitió una recomendación, tras verificar que el PJEM, no priorizó el procedimiento de licitación pública, en el tipo de contrataciones realizadas y pagadas con los recursos de participaciones federales, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
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