Los primeros cinco meses del 2026 quedaron marcados por decenas de detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos en México. Sobre este tema nos habló en entrevista, Antonio Lara Duque, abogado del Centro de Derechos Humanos (CDH) Zeferino Ladrillero.
Este año hemos observado una serie de detenciones arbitrarias contra personas defensoras de derechos humanos, del agua y del territorio en distintas entidades del país. Desde el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero ¿qué lectura le dan a esta situación?
Como contexto, Kenia Hernández y Tomás Mandujano son dos presos políticos en el Estado de México. Recientemente, tenemos el caso de Macario García Merino, en Oaxaca.
También venimos acompañando la lucha del Frente Unido de Pueblos de la Laguna, que se encuentran en el norte del país y a quienes recientemente les fueron detenidas prácticamente una treintena de personas.
Luego, en Nayarit, en Playa Las Cocinas, también estamos acompañando a una parte del proceso de defensa. Ahí hemos identificado ya una decena de órdenes de aprehensión.
Y en Yucatán, en la zona de Chichén Itzá también tenemos identificadas a una decena de personas con carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República, que todavía no se judicializan, pero que hemos notado que en aquella región se está generando una deslegitimación del trabajo de los defensores y defensoras.
Y por si fuera poco, te agregaría a Aram León Leal, un joven presidente del Comité Autónomo de Agua Potable de San Sebastián en Zumpango.
Entonces, como podremos advertir, estamos hablando ya de una considerable cantidad de personas defensoras que se encuentran criminalizadas por el ejercicio de la protesta social, por defender derechos humanos.
Y ahora ya con este contexto breve, podría decirte que la lectura que tenemos es que, se ha agudizado la necesidad de los capitales privados -particularmente- de recrudecer la forma más salvaje de la extracción de riqueza de los territorios y comunidades. Eso está generando que la confrontación con los pueblos originarios, los defensores del territorio, del agua y de los bosques, sea más cruda y parte de eso se refleja en esa criminalización.
Por otro lado, hay un desgaste notorio en la legitimidad, capacidad hegemónica de los planteamientos del gobierno actual, que ya lo hace tener que recurrir a la fuerza pública, a las fiscalías, como un ejercicio de imposición de posturas y de proyectos.
Lo que parecía que se había diluido ya en 2018 con el arribo de López Obrador a la presidencia de la República, en 2026, particularmente, hemos advertido que la confrontación con pueblos defensores o comunidades está retomándose, porque valoramos que ocho años de proyecto obradorista en el poder empieza a denotar desgaste y el desgaste para el lado de los pueblos se refleja en actos represivos.
¿A qué se refiere con desgaste?
A qué el descontento de la población está incrementando.
López Obrador llegó con un respaldo social muy amplio, para muchos y muchas era muy esperanzador la posibilidad de tener un presidente que reconocía, entre otras cosas, que se fabrican culpables en este país, que dijo que bajo ninguna circunstancia se aprobaría el fracking en territorio mexicano.
Ocho años después, seguimos con el pendiente de muchos presos injustamente en el Estado de México y otras partes del país; y ocho años después, esa misma corriente política, que entendemos como obradorismo, dijo que siempre sí el fracking es posible.
Eso ha mermado la credibilidad y legitimidad, el respaldo social que pudo haber construido el obradorismo.
Marcamos distancia de las posturas panistas y priistas que pueden ver en este desgate la oportunidad de regresar a ser gobierno.
Es un desgaste y una desconfianza desde los pueblos. Los propios pueblos pusieron su esfuerzo, su lucha, sus votos para que la 4T fuera hoy gobierno, y son esos mismos pueblos y organizaciones quienes hoy buscan el diálogo y encuentran la espalda de los funcionarios.
¿Cuál sería el costo político?
Ya tiene un costo político. De los propios errores de la 4T claro que se han vuelto a fortalecer esos grupos que ahora, genéricamente, se les llama de oposición.
Somos muchas las organizaciones y pueblos que no nos entendemos en la lógica electoral, que nos es irrelevante en términos aspiracionales, no pretendemos estar en esa arena de lucha política, pero claro que comprendemos que esos sectores están intentando regresar al poder en este país, con todo y que fueron de lo peor.
Morena lo que hizo fue invitar a buena parte de esos priistas y panistas a ser ahora militantes de Morena. Y entonces, surgió una paradoja. La gente que luchó por transformar el gobierno de este país, la gente sincera, la gente de la calle, la gente ordinaria que luchó muchos años para sacar al PRI y al PAN del gobierno, de repente tiene al presidente municipal, al diputado e incluso a la gobernadora o al gobernador que en realidad siempre fueron de otro partido pero ahora son las autoridades por el propio partido que luchó para sacarlos.
Eso generó un descontento en la base social de Morena. Eso está teniendo un efecto, y el respaldo social amplísimo que tuvo López Obrador y Sheinbaum, claro que está mermando.
No celebramos esa falta de credibilidad del gobierno actual o de esa falta de resultados en tanto se abra la posibilidad de que otras expresiones políticas se conviertan en gobierno.
Mientras no haya un ejercicio serio de libertad a los presos injustamente, mientras no haya acciones serias para encontrar a las personas desaparecidas, mientras no haya nada contundente que garantice los derechos a la tierra y el territorio a los pueblos indígenas y campesinos de este país, mientras siga habiendo desplazamientos forzados en los distintos territorios del estado de México, mientras siga habiendo asesinatos de las personas defensoras, encarcelamiento y criminalización de defensores y activistas, la 4T no puede pretender tener el respaldo social que ellos mismos están mermando.
¿Hay algún reproche por parte de los movimientos sociales hacia la 4T, tomando en cuenta que muchos de los que hoy gobiernan formaron parte de la lucha social y ahora son los gobiernos estatales y municipales de Morena quienes reprimen”
La propia secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reconoció que si las demandas y exigencias de pueblos y organizaciones fueran debidamente atendidas en los respectivos estados, la gente de esos estados no tendría por qué llegar a solicitar mesas de trabajo con el ámbito federal, y eso fue un planteamiento de la propia secretaria y funcionarios de cada estado.
Los gobiernos estatales, en su mayoría de Morena, no han estado dispuestos a entrarle a una solución de fondo, seria, profunda a las distintas problemáticas.
Los gobiernos estatales buscan que sus poderes fácticos no se incomoden, que los empresarios y otros poderes controlados aun por otros grupos políticos no se sientan agraviados y eso lo único que hace es generar una sensación de desinterés, falta de atención en los pueblos y comunidades más vulnerables y eso es lo que sí se puede advertir.
La exigencia más seria a Rosa Icela Rodríguez, como titular de la Secretaría de Gobernación, es que ninguna autoridad ha sido lo suficientemente comprometida con la solución de las demandas de pueblos y organizaciones.
¿Cuál ha sido la respuesta de los pueblos y organizaciones sociales?
Eso ha generado una articulación y que los distintos grupos y sectores sociales busquen agruparse y fortalecerse de forma independiente y externa a los partidos políticos, porque no hay mucha ruta de cómo conseguir los logros que son tan necesarios para la gente.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero nació en el Estado de México, y de 2020 a 2025 avanzó en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla y Baja California, pero solo en el 2026 se avanzó en Nayarit, Durango, Campeche y Yucatán, lo que puede ser un indicador del nivel de agresiones a los pueblos y comunidades.